{"id":8688,"date":"2022-12-29T17:36:19","date_gmt":"2022-12-29T17:36:19","guid":{"rendered":"https:\/\/seegman.com\/responsabilidad-solidaria-del-administrador-por-disolucion-de-la-sociedad\/"},"modified":"2025-02-11T23:10:01","modified_gmt":"2025-02-11T23:10:01","slug":"responsabilidad-solidaria-del-administrador-por-disolucion-de-la-sociedad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/seegman.com\/en\/responsabilidad-solidaria-del-administrador-por-disolucion-de-la-sociedad\/","title":{"rendered":"Joint and several liability of the administrator for dissolution of the company"},"content":{"rendered":"\t\t
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Joint and several liability of the administrator for dissolution of the company<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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I. Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

En el presente art\u00edculo abordaremos el r\u00e9gimen de responsabilidad de los administradores por deudas sociales, haciendo hincapi\u00e9 en aquellas contra\u00eddas frente a la Seguridad Social a prop\u00f3sito de la sentencia 1103\/2022 dictada el 27 de julio de 2022 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Tercera del Tribunal Supremo, que es objeto de an\u00e1lisis, as\u00ed como la evoluci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial sobre la materia.<\/p>\n

II. Marco normativo<\/strong><\/p>\n

El r\u00e9gimen de responsabilidad de los administradores est\u00e1 regulado en la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/2010, de 2 de julio, cuyo art\u00edculo 236 establece que aquellos responder\u00e1n frente a la sociedad, sus socios y acreedores sociales por el da\u00f1o causado a partir de actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o que conlleven el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, debiendo mediar dolo o culpa. Desde la entrada en vigor de esta Ley, muchos de sus preceptos han sido objeto de modificaci\u00f3n, como es el caso del art\u00edculo 236 en el a\u00f1o 2014, cuando se introdujo la extensi\u00f3n subjetiva de la responsabilidad a los administradores de hecho, altos directivos y a las personas f\u00edsicas designadas por personas jur\u00eddicas para el ejercicio permanente del cargo de administrador. El amparo legal que se confiere a la sociedad, los socios y terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos se instrumenta a trav\u00e9s de un abanico de acciones legales, cuyo alcance no se ha visto modificado desde la promulgaci\u00f3n de la Ley, exceptuando la extensi\u00f3n de la legitimaci\u00f3n a socios minoritarios para entablar acci\u00f3n social de responsabilidad, que se inicialmente concebida con un car\u00e1cter subsidiario, que desde 2014 torn\u00f3 en un derecho que pueden ejercer en tanto que concurran determinados requisitos.<\/p>\n

Adicionalmente, la Ley de Sociedades de Capital en su art\u00edculo 367, modificado en septiembre de 2022 con motivo de la transposici\u00f3n a nuestro ordenamiento jur\u00eddico de la Directiva (UE) 2019\/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre reestructuraci\u00f3n e insolvencia; establece un r\u00e9gimen de derivaci\u00f3n de responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas sociales que opera en el supuesto de concurrir tanto la existencia de causa legal -o estatutaria- de disoluci\u00f3n de la sociedad conforme al art\u00edculo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, como el incumplimiento de los administradores en sus deberes de (i) convocar a la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disoluci\u00f3n o mecanismos para la remoci\u00f3n de la causa de disoluci\u00f3n y, subsidiariamente, de (ii) solicitar la disoluci\u00f3n judicial en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebraci\u00f3n de la junta, cuando esta no se hubiera constituido, o desde el d\u00eda de la junta, cuando el acuerdo hubiese sido contrario a la disoluci\u00f3n. La novedad de esta norma estriba en los hitos temporales a que los administradores deben atenerse, de manera que los administradores que lo fueran con car\u00e1cter previo a la causa de disoluci\u00f3n tendr\u00e1n dos meses para atender tales deberes; sin embargo, quienes sean nombrados con car\u00e1cter posterior al acaecimiento de dicha causa contar\u00e1n igualmente con dos meses a contar desde la aceptaci\u00f3n de su cargo, para proceder en consecuencia.<\/p>\n

No menos importante es la exenci\u00f3n de responsabilidad que introduce el p\u00e1rrafo tercero del art\u00edculo 367, supeditada a que los administradores comuniquen al juzgado competente -en el meritado plazo de dos meses a contar desde el acaecimiento de la causa de disoluci\u00f3n, o de la aceptaci\u00f3n el nombramiento- la existencia de negociaciones con acreedores para alcanzar un plan de reestructuraci\u00f3n, o la declaraci\u00f3n de concurso, que. Mientras subsistan los efectos de dicha comunicaci\u00f3n, permanecer\u00e1 en suspenso el deber legal de acordar la disoluci\u00f3n, que decaer\u00e1n sin embargo si fracasan las negociaciones y se reanudar\u00e1 el plazo de dos meses, en que los administradores deber\u00e1n (i) solicitar la declaraci\u00f3n de concurso si la sociedad incurre en estado de insolvencia actual, con independencia de que concurriese causa de disoluci\u00f3n; o bien (ii) convocar a la junta general para que acuerde la disoluci\u00f3n o, si constare en el orden del d\u00eda, los acuerdos necesarios para la remoci\u00f3n de la causa, si la sociedad ya no se encuentra en situaci\u00f3n de insolvencia actual, pero s\u00ed en causa de disoluci\u00f3n.<\/p>\n

III. Comentarios a la sentencia 1103\/2022 dictada el 27 de julio de 2022 por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo<\/strong><\/p>\n

La sentencia que referimos guarda especial relaci\u00f3n con el r\u00e9gimen de responsabilidad de los administradores por deudas sociales.<\/p>\n

El caso aqu\u00ed analizado principi\u00f3 en 2017 con la resoluci\u00f3n dictada por la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto por el administrador de una empresa frente a la previa resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Provincial de la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social en C\u00e1diz, en la que se derivaba la responsabilidad de pago de determinadas cantidades que se adeudaban al mismo organismo p\u00fablico. Dicha resoluci\u00f3n fue recurrida por el propio administrador, quien interpuso en 2020 recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo rebatiendo la derivaci\u00f3n de responsabilidad, sin embargo el alto tribunal ratific\u00f3 los argumentos vertidos en las resoluciones dictadas por las instancias previas. Esto es as\u00ed porque la Seguridad Social, como parte recurrida, acredit\u00f3 que la sociedad devino insolvente e incurr\u00eda en la causa legal de disoluci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, a la vista de los estados financieros de los ejercicios 2014 y 2015, sin que el administrador recurrente atendiera las obligaciones previstas en el art\u00edculo 367 de la Ley de Sociedades de Capital -vigente entonces- en el plazo preceptivo, sino dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, cuando inst\u00f3 la declaraci\u00f3n de concurso de acreedores.<\/p>\n

Centrando este an\u00e1lisis en el criterio que el Tribunal Supremo aplic\u00f3 en sus sentencias de 24, 25 y 26 de junio de 2019 (recursos de casaci\u00f3n 2765\/2018, 3689\/2018 y 2165\/2017, respectivamente), y de 19 de octubre de 2020 (recurso de casaci\u00f3n 7410\/2018), previas a la analizada y en las que se ratific\u00f3 el acto tribunal en esta ocasi\u00f3n, la derivaci\u00f3n de la responsabilidad solidaria en administradores de sociedades de capital requer\u00eda de la concurrencia de (i) una situaci\u00f3n f\u00e1ctica de insolvencia de la sociedad, (ii) justificaci\u00f3n de la efectiva existencia de una causa legal -o estatutaria- de disoluci\u00f3n de la sociedad conforme al art\u00edculo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, y (iii) verificaci\u00f3n de que los administradores incumplieron los deberes legales establecidos en el art\u00edculo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital.<\/p>\n

IV. Conclusiones<\/strong><\/p>\n

Cabr\u00eda preguntarse si, de darse el mismo supuesto de la sentencia analizada hoy d\u00eda, en base a los par\u00e1metros que ahora determina el mentado art\u00edculo 367.3 de la Ley de Sociedades de Capital tras su modificaci\u00f3n en septiembre de 2022, ser\u00eda procedente la derivaci\u00f3n de responsabilidad en el administrador de la sociedad deudora frente a la Seguridad Social, si \u00e9ste hubiera activado alguno de los mecanismos propios de la insolvencia, a saber (i) instar la declaraci\u00f3n de concurso de la sociedad; o (ii) comunicar al juzgado la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuraci\u00f3n.
Solo as\u00ed cabr\u00eda defender la exoneraci\u00f3n de responsabilidad solidaria de los administradores quienes, aun habiendo comunicado dicho plan de reestructuraci\u00f3n, si \u00e9ste se frustrase, tendr\u00edan que convocar junta general para que acordase la disoluci\u00f3n de la sociedad, o instar la disoluci\u00f3n judicial o la declaraci\u00f3n de concurso de acreedores, seg\u00fan proceda, al amparo de los plazos que se han mencionado.<\/p>\n

Toda vez que a\u00fan resulta aventurado valorar si la reciente reforma legislativa significar\u00e1 el detonante de un cambio integral de los procedimientos de insolvencia en nuestro pa\u00eds, su introducci\u00f3n se antojaba necesaria, aunque tal vez resulte insuficiente para mitigar los efectos que traen causa de la pandemia de la COVID-19 y de la acuciante inflaci\u00f3n global provocada por el conflicto b\u00e9lico iniciado por Rusia frente a Ucrania. Sin embargo, ahondando en los mecanismos de reestructuraci\u00f3n que introduce el apartado tercero del art\u00edculo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, su literalidad s\u00ed podr\u00eda dar pie a divergentes interpretaciones en cuanto al c\u00f3mputo del plazo de los dos meses para convocar junta general, por cuanto que el uso del t\u00e9rmino \u201creanudar\u201d, en lugar de \u201creiniciar\u201d, induce a entender que se descontar\u00eda el tiempo consumido entre el acaecimiento de la causa de disoluci\u00f3n (o de la aceptaci\u00f3n del nombramiento por el administrador) y la comunicaci\u00f3n al juzgado acerca de las negociaciones con acreedores.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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