Consecuencias de la inasistencia de un administrador único a la junta general
En este caso, se analiza en particular si dicha ausencia puede llevar a la anulación de los acuerdos adoptados, en especial cuando se alega la
El 30 de junio de 2024 se cumplió fecha límite para que las empresas cotizadas acaten la Ley de paridad, que establece cuotas obligatorias para la presencia de mujeres en los consejos de administración de sociedades cotizadas y otras entidades de interés público. Esta reforma es parte de una tendencia más amplia hacia la equidad de género en los órganos de gobierno corporativo, siguiendo las directrices europeas que promueven la igualdad de género en el liderazgo empresarial.
La normativa tiene como objetivo mejorar la diversidad en los consejos de administración, estableciendo cuotas específicas para que las mujeres ocupen al menos un 40% de los puestos en los consejos de administración de empresas que cotizan en bolsa y aquellas incluidas en el BME Growth, así como en entidades de interés público. Estas últimas incluyen, por ejemplo, entidades financieras y empresas de sectores altamente regulados.
Esta normativa surge en respuesta a la falta de representación femenina en los altos niveles de dirección, un problema que ha sido ampliamente documentado en informes de gobierno corporativo. Con esta ley, se busca un cambio estructural para garantizar que la composición de los órganos de gobierno sea más inclusiva y diversa.
Las empresas afectadas por esta normativa tendrán que adaptar sus estructuras internas, especialmente en el proceso de selección de nuevos miembros del consejo de administración. De no cumplir con estas cuotas, las compañías se enfrentarán a sanciones o incluso a la anulación de acuerdos adoptados por estos consejos en los que no se haya respetado el equilibrio de género.
Además, las empresas deberán desarrollar estrategias que aseguren el cumplimiento de la norma, lo que podría incluir cambios en sus procesos de reclutamiento y formación de futuros consejeros, buscando la promoción de una mejor gobernanza corporativa.
En este caso, se analiza en particular si dicha ausencia puede llevar a la anulación de los acuerdos adoptados, en especial cuando se alega la
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