La imposibilidad de inscribir “desacuerdos” en el Registro Mercantil
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Es inscribible un artículo de los estatutos en el que se establecen unas prestaciones accesorias cuyo contenido concreto y determinado no consta en el propio artículo sino por remisión al contenido del protocolo familiar que figura en escritura debidamente identificada, pero no inscrita ni depositada.
En su resolución del 11 de octubre de 2024, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) se pronuncia sobre la posibilidad de inscribir una cláusula estatutaria de prestación accesoria no retribuida, consistente en el “cumplimiento y observancia de las disposiciones pactadas por los socios en el Protocolo Familiar o Pacto Social”. El Registrador resolvió no practicar la inscripción de esta cláusula ya que, a su juicio, se trata de unas prestaciones accesorias cuyo contenido no consta en el propio artículo estatutario, sino por remisión al contenido del protocolo familiar que figura en escritura debidamente identificada, pero no inscrita ni depositada.
En el presente caso, la DGSJFP revocó la nota de calificación negativa del Registrador, argumentando que la obligación en que consiste la prestación accesoria está perfectamente identificada mediante su formalización en la escritura pública que se reseña, de suerte que su íntegro contenido está determinado extraestatutariamente de manera cognoscible no solo por los socios actuales que lo aprobaron unánimemente sino por los futuros socios que, al adquirir las participaciones sociales quedan obligados por la prestación accesoria cuyo contenido es estatutariamente determinable.
A juicio de la DGSJFP, la cláusula en cuestión es inscribible, por no rebasar los límites generales a la autonomía de la voluntad, por cuanto no se opone a las leyes ni contradice los principios configuradores de la sociedad. No puede constituir obstáculo a esta conclusión el hecho de que no se publique el contenido de la prestación accesoria en la forma prevista por el RD 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares.
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