
El Estado de Información No Financiera (EINF): una obligación legal con valor estratégico
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En las sociedades familiares y cerradas, el pacto de socios es el documento que ordena lo que los estatutos no dicen: cómo se reparten los dividendos, cómo se separan patrimonios entre ramas familiares, qué mayorías protegen al minoritario. La pregunta práctica que muchos clientes se hacen es qué ocurre cuando uno de los firmantes cambia de opinión y, más tarde, impugna en junta los acuerdos que ejecutan precisamente ese pacto. El Tribunal Supremo acaba de dar una respuesta nítida: no puede, sin actuar contra la buena fe.
El conflicto enfrentaba a dos estirpes familiares, titulares en conjunto del 100 % del capital de una sociedad limitada. En 2015 todos los socios suscribieron un pacto parasocial omnilateral —firmado por la totalidad del capital— con una hoja de ruta para el reparto gradual de los activos inmobiliarios, la separación patrimonial entre ambas ramas, el compromiso de votar cada año a favor de un dividendo mínimo del 50 % de los beneficios y una cláusula de prevalencia del pacto sobre los estatutos en las relaciones entre socios.
En la junta de junio de 2018 se aprobaron las cuentas de 2017 y se ratificó un dividendo a cuenta satisfecho en parte en efectivo y en parte en especie, mediante la adjudicación de inmuebles. Una socia minoritaria, que había votado en contra, impugnó los acuerdos: alegó que los estatutos no contemplaban el reparto en especie, que las valoraciones estaban desactualizadas y que la mayoría había actuado de forma abusiva en perjuicio del interés social.
El Supremo desestima tanto el recurso por infracción procesal como el de casación y confirma la validez de los acuerdos. Dos ideas sostienen el fallo:
No es doctrina nueva, sino la consolidación de una línea: el Supremo reitera lo que ya había afirmado en sentencias anteriores sobre pactos omnilaterales e impugnación de acuerdos.
Esta sentencia no se lee aislada. Se inscribe en una tendencia más amplia por la que los tribunales vienen estrechando el margen de uso —y de abuso— de los instrumentos clásicos del socio minoritario. La misma lógica de buena fe y proscripción del abuso de derecho late en la jurisprudencia sobre el derecho de separación por insuficiencia de dividendos, donde el Supremo ha admitido que su ejercicio puede ser abusivo cuando la verdadera intención del socio no es cobrar el dividendo, sino forzar su salida de la sociedad. El mensaje converge: los derechos del socio existen para proteger un interés legítimo, no para instrumentalizar conflictos.
Diseñar un pacto de socios que resista el conflicto exige anticipar cómo lo leerá un tribunal años después. En Seegman acompañamos a empresas familiares, socios e inversores internacionales en la articulación de pactos y protocolos coherentes con la estrategia patrimonial y con su reflejo estatutario y registral.

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